MARCHA CONTRA EL RACISMO Y LA XENOFOBIA

28.05.2021

Este domingo 21 de marzo se celebrará la Marcha contra el Racismo y la Xenofobia que cada año SOS Racismo organiza. Nuestra Asociación es una de las entidades adheridas a esta iniciativa y animamos a tod@s los amig@s de OnDoaN Topagunea a participar en ella.


"Este año, las voces que se oponen al racismo y la xenofobia ¡deben ser más fuertes! En esta ocasión, hemos decidido aprovechar la campaña que tenían preparada para el año pasado (y que no pudo llevarse a cabo) y tratar de hacer una campaña pedagógica donde se visualice y denuncie la situación de indefensión en la que sobreviven las personas que están Sin Papeles: las personas pendientes de asilo, las mujeres trabajadoras sin contrato, las personas que aún no han conseguido el arraigo y no pueden trabajar, las que están en situación de calle... En definitiva, las que la falta de papeles les obliga a vivir el infierno diario de la falta de todo tipo de derechos. Sobre todo en las circunstancias actuales a las que nos ha llevado el Covi19 y en las que muchas personas en situación irregular han visto mermados aún más sus derechos laborales."


Tu papel es importante

Martxa XXIV. Contra el racismo y la xenofobia 

Manifiesto 21 de marzo 2021

La existencia de inmigrantes en situación administrativa irregular es un fenómeno estructural de los procesos migratorios modernos. No es algo privativo de nuestro país. Ocurre en todos los países de la Unión Europea y de fuera del continente, como Estados Unidos, Canadá y otros países.

La irregularidad como fenómeno estructural

La razones por las que la irregularidad administrativa es un fenómeno estructural son diversas: la persistencia de una economía informal; la demanda de una mano de obra precaria, flexible, sin derechos; las políticas económicas desreguladoras que abren paso a subcontrataciones; la aprobación de políticas de inmigración cero sin que, al mismo tiempo, se intervenga en la demanda de trabajo interna; la existencia y consolidación de redes migratorias basadas en quienes han migrado antes, en familiares y amistades que facilitan el viaje migratorio y la estancia para pasar de la irregularidad a la regularidad; las dificultades de control de los flujos de entrada de inmigrantes en un mundo globalizado y cuando a una parte de ese mundo, a toda África y una parte de Asia se les excluye de una adecuada política de visados; las dificultades que tienen diferentes tipos de personas para renovar los permisos de residencia temporales, y pasan a una situación de irregularidad sobrevenida.

Sin papeles pero con derechos

Todas las personas, independientemente o más allá de cuál sea su situación administrativa, son sujetos de derechos por el hecho de ser persona. Así, la legislación española y el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias reconocen el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación de los hijos y a la percepción de prestaciones sociales básicas con el requisito del empadronamiento. Y reconocen el derecho a la asistencia sanitaria de urgencias, a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y a la libertad de asociación sindical por el hecho de estar, de ser persona que está.

Ninguna persona es ilegal

La irregularidad administrativa, vivir en el país sin ser titular de un permiso de residencia, no constituye delito. Es una falta administrativa que puede ser sancionada con la expulsión o con una multa. No hay personas "ilegales". La "ilegalidad" no es un atributo de la persona, de ninguna persona. Una persona puede cometer actos ilegales, puede cometer delitos, pero la "ilegalidad" no es un atributo de su persona.

A su vez, todos los países, reconociendo de facto ese carácter estructural, tienen mecanismos, ordinarios y extraordinarios para pasar de la irregularidad a la regularidad. Aquí, desde que en 1985 entró en vigor la primera Ley de Extranjería, se han llevado a la práctica seis regularizaciones especiales (1986, 1991, 1996, dos en el año 2000, 2005). La última, la de 2005, permitió la regularización de más de medio millón de personas.

Y con la primera reforma de la Ley, en el año 2000, se establecieron los sistemas de arraigo social, arraigo laboral y, posteriormente el arraigo familiar, como sistemas tasados de pasar de la irregularidad a la regularidad, a la obtención de un permiso de residencia y trabajo temporal de un año y la posibilidad de renovarlo.

La Ley de extranjería fuente de desigualdad

La condición de persona extranjera, en cualquier país, siempre está más o menos cargada de consecuencias. No es ciudadano o ciudadana a parte entera, y eso implica diferencia de derechos en diferentes campos. Esto es consecuencia de que el mundo está organizado en Estados nación celosos de su soberanía, y todos, de unas maneras u otras, diferencian al nacional del extranjero. Aquí, esa desigualdad está simbolizada en la Ley de Extranjería, que es la que la organiza y da forma.

Su papel es importante

Si la condición de extranjero en general está cargada de consecuencias, mucho más la de persona extranjera en situación administrativa irregular, aunque esté empadronada y ese hecho le confiera ciertos derechos, cierto reconocimiento: no puede disponer de un contrato de trabajo, aunque trabaje, por ejemplo como empleada de hogar; no puede estar de alta en la Seguridad Social, aunque muchas veces trabaje; volvemos al ejemplo de muchas empleadas de hogar; su actividad está abocada a la economía informal, donde la relación es verbal y se dan todas las condiciones para la explotación descarnada; no puede reagrupar a su familia; pueden ser objeto, tras el correspondiente expediente administrativo y judicial, de una expulsión por estancia irregular.

Su situación, mientras pasa el plazo necesario para la regularización, es de una gran vulnerabilidad laboral, social y administrativa.

El 16 de enero de 2020, el nuevo ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá declaró, que el 80% de los ciudadanos y ciudadanas de este país cree que el Gobierno debe desarrollar políticas de integración.

Por la regularización de quienes ya forman parte de esta sociedad

Bien, quienes firmamos este manifiesto le tomamos la palabra, pero consideramos que las políticas de integración que se impulsen tienen que contemplar que hay miles de personas en situación administrativa irregular y que, por lo tanto, y como primer paso, hay que facilitar su regularización.

Los sistemas de arraigo que se pusieron en marcha en el año 2000 supusieron un salto adelante importante, pues permitían pasar a la regularidad mediante una forma tasada, proporcionaban un horizonte de regularización posible y no se dependía solo de decisiones extraordinarias.

Tu papel es importante

Pero desde entonces han pasado veinte años, y habría que ver las razones de la persistencia de la irregularidad y los elementos disfuncionales del propio sistema actualmente en vigor. Planteamos que es preciso reducir la exigencia actual de tres años de empadronamiento; ya la primera redacción de la Ley 4/2000 situaba ese plazo en dos años. Al tiempo que es necesario arbitrar mecanismos para que el contrato de trabajo facilite el acceso a la regularización.

La actual pandemia ha traído también como consecuencia un aumento de la irregularidad, al perderse un importante número de puestos de trabajo que imposibilitan la renovación de no pocos permisos de trabajo. Es por ello, más urgente que nunca, un proceso de regularización en tanto se acaban con las desigualdades consagradas en la Ley de Extranjería.

Donostia, marzo de 2021

Gipuzkoako SOS Arrazakeria